El PRI propone una comisión independiente para solucionar conflictos laborales en el Poder Judicial
MÉRIDA.- Para defender los derechos humanos y laborales de los trabajadores del Poder Judicial de Yucatán, la Fracción Legislativa del PRI propuso la creación de una Comisión de Asuntos Laborales que fungirá como un órgano independiente e imparcial que tendrá como objetivo principal solucionar los conflictos laborales en condiciones de dignidad, imparcialidad y certeza.
El coordinador del Grupo Parlamentario, Gaspar Quintal Parra, explicó que con este nuevo órgano se podrán solucionar los conflictos laborales entre el Poder Judicial y sus servidores públicos, estableciendo un modelo que inspire confianza a ambas partes.
Este planteamiento forma parte de las cinco propuestas que el diputado priísta presentó en el Congreso del Estado para reformar el Poder Judicial de Yucatán, teniendo como base la protección de los derechos de sus trabajadores, así como garantizarles un mecanismo objetivo de promoción de su carrera judicial.
Señaló que para la bancada del PRI es de suma importancia que en la reforma se adicione el Título Decimoprimero, denominado de “Las y los Servidores Públicos del Poder Judicial”, en el que se establezcan claramente las condiciones de ingreso y promoción, el reconocimiento del sindicato y la determinación de la solución de los conflictos mediante la creación de la mencionada Comisión de Asuntos Laborales.
Al abundar sobre este órgano independiente, hizo énfasis en que los trabajadores deben contar con la posibilidad de poder denunciar casos de violaciones a sus derechos humanos para que se puedan investigar, castigar efectivamente a los responsables y recibir una reparación del daño a través de un correcto cauce de mecanismos jurisdiccionales.
Además, deben de tener un recurso judicial efectivo para defenderse de decisiones disciplinarias y administrativas que tomenel Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura que pudieran lesionar sus derechos laborales.
Agregó que su propuesta se fundamenta en lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual ha resaltado el rol fundamental que desempeñan las y los operadores de justicia para hacer preservar el Estado de Derecho en nuestra sociedad.
