Evidencian que una reforma del Ejecutivo matará al sector inmobiliario en Yucatán
Es el tiro de gracia para las empresas incipientes porque concentrará el mercado en un puñado de grandes empresas que sí podrán cumplir sus ordenamientos.
Preocupación y encono en el sector inmobiliario que podría darle la espalda al PAN en las próximas elecciones.
MÉRIDA, Yucatán.- De noche, casi de madrugada, sin los acostumbrados reflectores de otras iniciativas, el Ejecutivo del Estado entregó la reforma inmobiliaria de Yucatán, que en apariencia tiene el objetivo de proteger los derechos ambientales, pero la verdadera cara es perpetuar el poder fáctico de un puñado de empresas que se cuentan con los dedos de la mano, pues son las únicas con la capacidad técnica y económica para cumplir los ordenamientos.
De aprobarse, la reforma inmobiliaria deja prácticamente fuera de la jugada a buena parte del sector inmobiliario en Yucatán, que se encuentra en pleno desarrollo.
El encargado de entregar la iniciativa fue el consejero jurídico Yussif Heredia Fritz, quien ha tenido que remendar otras reformas por su probada incapacidad. Recordemos que recientemente Olga Rosas Moya no pudo tomar posesión como titular de la Agencia de Inteligencia de Yucatán, por falta de reglamento y ley orgánica del nuevo organismo.
El coautor de la iniciativa es Heide Joaquín Zetina Rodríguez, director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), quien bajo casi el anonimato está presto a apoyar a este nueva mafia inmobiliaria.
De ahí que la reforma inmobiliaria esté construida con inconstitucionalidades que se caen al primer amparo, y el sector inmobiliario no está dispuesto a capitular.
Ya surgieron las primeras inconformidades y ya se las hicieron saber a Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, quien amenazó a los empresarios con endurecer más la reforma si se siguen quejando, pues la legislación va porque va.
Los empresarios alegan que la reforma contiene un sin fin exigencias normativas que solo fomentan barreras hacia el libre mercado.
«Estamos conscientes que el mercado inmobiliario debe regularse, pero en condiciones de igualdad y escuchando a todos: no solo al grupo Rosas Moya, que se metió hasta la cocina para armar la iniciativa», comentan empresarios que piden el anonimato por temor a represalias.
Alegan también que la reforma le crea un traje a la medida a la secretaria de Desarrollo Sustentable, Sayda Melina Rodríguez Gómez, para que sea la próxima fiscal ambiental, por casi 14 años.
En opinión de los expertos, el sector inmobiliario pesa mucho en el estado y actualmente hay un equilibrio entre chicos y grandes, pero la reforma rompe ese equilibrio de manera dolosa.
A continuación algunas de las inconstitucionalidades que ven los expertos en la reforma inmobiliaria:
1) Vulnera la autonomía municipal al establecer regulaciones sobre la tenencia de la tierra, cuya competencia es del municipio.
2) Al propiciar modificaciones a los esquemas recaudatorios vulnera la libertad de configuración hacendaria de los municipios.
3) Cuando establece sobre-regulaciones a los vendedores y desarrolladores impide la libre competencia económica, y al hacer eso regula aspectos mercantiles de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
4) Al establecer formas obligatorias de convenios entre municipio y estado agrede la autonomía municipal e invade su competencia constitucional para determinar sus métodos recaudatorios, y su libertad para destinar sus recursos propios a los fines que mejor convengan.
5) Violenta el principio de derecho de irretroactividad de la ley.
6) Invade esferas de competencias catastrales.
7) Hace nugatorio (ineficaz) el derecho a los ordenamientos territoriales municipales o conurbados que pueden darse los municipios con restricciones sin criterios de razonabilidad.
