La Fiscalía Anticorrupción se confabula con Julián Zacarías para el despojo de una marina en Progreso

Declara el no ejercicio de acción penal, pese a todas las pruebas a favor del legítimo propietario. Abierto favoritismo hacia el alcalde de Progreso; no lo citan a declarar ‘para no molestarlo’.

Los funcionarios anticorrupción Wilbert Yam Viana y Emmanuel Quintanilla Sánchez se alían con Zacarías y su director de Desarrollo Urbano, Luis Castro Naal, para beneficiar a empresarios de la casta divina.

PROGRESO, Yucatán.- En un acto de favoritismo hacia el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, funcionarios de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción decretaron el no ejercicio de la acción penal en la denuncia que interpuso Manuel Jesús Cáceres Romero contra el presidente municipal y su director de Desarrollo Urbano, Luis Alberto Castro Naal, por otorgar un permiso ilegal de construcción a personas que no tienen la concesión de la marina Servicios Marítimos de Progreso.

Pese a que el denunciante presentó todas las pruebas para comprobar que es suya la propiedad, tanto el director de Investigación y Control de Procesos como el fiscal en jefe adscrito a la mesa de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, Wilbert Yam Viana y Emmanuel Quintanilla Sánchez, respectivamente, operaron a favor de Zacarías Curi, a quien ni siquiera citaron a declarar, «para no molestarlo».

Como informamos en nota previa, a la mala y en contubernio con Zacarías y Castro Naal, los empresarios Hilbert Vázquez Montiel y Jean Marc Boyancé Rivero pretenden apoderarse ilegalmente de la marina denominada Servicios Marítimos de Progreso, localizada en los tablajes catastrales 8449 y 5176 del puerto.

A sabiendas de que no tienen la concesión, el ayuntamiento de Progreso les otorgó a Vázquez Montiel y Boyancé Rivero, representantes de la empresa Operadora RIVBOY, un permiso para construir una barda perimetral, el 1 de septiembre de 2020.

Para evitar este despojo, Cáceres Romero recurrió a la Fiscalía Especializada en el Combate a la corrupción, donde denunció a Zacarías Curi y Castro Naal, quienes contaron con el apoyo incondicional de Yam Viana y Quintanilla Sánchez para darle «palo» a la denuncia mediante el no ejercicio de acción penal contra los acusados.

CUIDAN A ZACARÍAS: En entrevista, el licenciado Ángel Herrera Villanueva, abogado del agraviado Cáceres Romero, indicó que el proceso estuvo plagado de irregularidades desde el principio.

Por ejemplo, el ministerio público no citó a declarar a todos los involucrados, en una actitud totalmente beneficiosa para Julián Zacarías, al “no molestarlo” para presentarse ante la Fiscalía Anticorrupción y que así aportara datos que podrían servir en la indagatoria.

En la indagatoria justifican el haber otorgado el permiso de construcción al supuestamente encontrarse vigente una «concesión para ornato» en favor de Operadora RIVBOY.

«Aun suponiendo que esto sea verdad, la concesión de ornato es únicamente para conservación de la zona, así como de la flora y fauna, por lo que si se entregó una licencia de construcción, esta es a todas luces ilegal y hubo corrupción o negligencia en su otorgamiento», aseguró el abogado Herrera Villanueva.

El Reglamento solo faculta entregar licencias a propietarios. En ninguna parte dice que los concesionarios están facultados a solicitarlas.

NO CITARON AL AGRAVIADO: Nunca citaron a la víctima Servicios Marítimos de Progreso para ponerle de conocimiento todo lo que había en la carpeta previo a dictar el No ejercicio de la Acción Penal, lo cual es trascendental, pues pudo haber entregado más datos de prueba para la investigación.

En la investigación únicamente se le citó a declarar a Luis Alberto Castro Naal, como imputado en su calidad de director de Desarrollo Urbano Obras Públicas. No se requirió algún informe a ninguna otra autoridad del ayuntamiento de Progreso que pudiera corroborar lo dicho por él o por su defensor Lino Magos Acevedo (quien tiene investigaciones en Quintana Roo).

«Esto es importante, pues el MP se basó únicamente en lo dicho jurídicamente por quien es investigado y quien obviamente con tal de defenderse puede no ser objetivo con la información que proporciona», deploró Herrera Villanueva.

¿SEMARNAT TAMBIÉN ES CÓMPLICE? Al citarse al titular de la Unidad Jurídica Oficina de la Representación de la SEMARNAT, a preguntas expresas del agente del MP, dijo que no podía contestar a más de una pregunta, pues las atribuciones sobre las que se le cuestionaron corresponden a facultades exclusivas de las oficinas centrales en Ciudad de México. Nunca se giró oficio alguno para salir de estas dudas y aclarar los temas pendientes.

Solo se analizó la comisión de un tipo penal para decidir sobre el no ejercicio, siendo este: “Uso ilícito de atribuciones y facultades”; descartando en automático la autoridad sin justificar el por qué. No se tomaron en cuenta delitos como cohecho, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, etcétera.

PROPIETARIO LEGÍTIMO: Como informamos, Cáceres Romero comprobó con documentos que es dueño de la propiedad, la cual de manera ilegal le fue concesionada el 26 de junio de 2013 a Operadora RIVBOY, sin que se enterara el representante de Servicios Marítimos de Progreso.

Con la concesión ilegal, Vázquez Montiel y Boyancé Rivero ocuparon furtivamente el terreno, pero el 13 de mayo de 2019 la Secretaría de Gestión para la Protección Ambiental declaró la nulidad de la concesión.

A sabiendas de que no tenían la concesión, Vázquez Montiel y Boyancé Rivero acudieron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, que les otorgó un permiso para construir la barda perimetral el 1 de septiembre de 2020.

Enterado de este permiso, Cáceres Romero acudió a Desarrollo Urbano y la dirección de Catastro y Zofemat a pedir que lo revoquen y que se abstengan de dar otros a Vázquez Montiel y Boyancé Rivero sobre el predio en cuestión.

A falta de respuesta a su petición, interpuso un amparo para que le responda Castro Naal, quien contestó que todo se hizo conforme a derecho y que no cancelarían ninguna licencia otorgada a Operadora RIVBOY.

ZACARÍAS METIDO EN LA MARINA: En reiteradas ocasiones el denunciante ha intentado hablar con Zacarías Curi para exponerle el problema, y en una de las antesalas se le acercó una persona que omitió darle su nombre, por temor a represalias, pero le dijo que su asunto no avanzaba porque el alcalde de Progreso tiene intereses financieros con Operadora RIVBOY, y por lo tanto no me recibiría ni me ayudaría con mi problema, que ni le mueva porque sería luchar en contra de la pared, y que por más que le hiciera no recuperaría mi propiedad mientras él se encuentre en el poder.

El denunciante indicó que Castro Naal evidencia su dolo al saber que esa superficie en donde entregaron los permisos a Operadora RIVBOY le pertenecen a Servicios Marítimos de Progreso.