El Doctor Amor y su pareja plagan de familiares hospitales, centros de salud y hasta el Cobay de Tecoh
Se confirma lo que ya se sabía, que la 4T y su gobierno en Yucatán se convirtieron en una agencia de empleos, donde se acomodan amigos y familiares de políticos cercanos al poder.
El problema es que entre estos personajes hay algunos que están acusados de desvío de recursos cuando fueron Alcaldes, entre ellos el ex alcalde de Tekax, Josué Couoh Tzec (a) «Doctor Amor», quien desde su cargo en la jurisdicción sanitaria número 3, con sede en Ticul ha logrado otorgar puestos en el centro de salud de Tekax y el hospital, donde creó una subdirección que extrañamente le fue autorizada desde las oficinas centrales.
Más de una decena de familiares de su actual pareja sentimental y ex tesorera de Tekax, Juana Gabriela Ávila, están colocados en puestos en el sector salud y educativo.
Mónica Buenfil, José Fernando Herrera Ávila, William Ruiz Ávila, Alfonso Ruiz Ávila, Fátima Buenfil Ávila y la recomendada Yareli Vázquez Hernández, son algunos de los acomodados.
En la dirección del Cobay de Tecoh colocaron a Tania Machain Ávila, que por cierto no asiste de manera regular al plantel, tal vez por atender su plaza en una secundaria.
Josué Couoh tiene una denuncia por 80 millones de pesos ante la vice fiscalía especializada en combate a la corrupción, en donde su sucesor Diego Ávila presentó las pruebas de los desvíos. Sin embargo, el expediente fue congelado por «órdenes superiores».
VIEJAS PRÁCTICAS
En Yucatán se prometió un gobierno distinto. Se habló de congruencia, de limpieza institucional, de no repetir las viejas prácticas. Pero los hechos que hoy rodean al sector salud y educativo obligan a hacer una pausa y preguntar con seriedad qué está ocurriendo.
No es un debate de apellidos. Es un debate de influencia.
Cuando un funcionario con poder real dentro de la estructura administrativa tiene una relación sentimental con una persona cuyos familiares y allegados comienzan a aparecer ocupando plazas públicas de manera reiterada, la discusión deja de ser anecdótica y se convierte en asunto de interés público.
La pregunta no es si tienen derecho a un empleo. La pregunta es si los procesos fueron imparciales, públicos y verificables. ¿Hubo convocatorias abiertas? ¿Se evaluaron perfiles conforme a manuales de puesto? ¿Hubo excusa formal ante la existencia de vínculos personales?
La Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores públicos a abstenerse cuando exista interés personal que pueda comprometer su objetividad. Si no hubo excusa y sí hubo intervención, estamos ante un posible conflicto de interés. Y si existió gestión para favorecer contrataciones, la línea se acerca al tráfico de influencias.
