Avanza en San Lázaro iniciativa para aumentar las multas a quien injurie a AMLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó ayer martes un dictamen para homologar de pesos a Unidades de Medida y Actualización (UMA) las infracciones establecidas en la Ley sobre Delitos de Imprenta, que incluye multas por injurias al presidente de la República.
A propuesta de Morena, dicha comisión avaló el dictamen con el que prácticamente se cuadruplicaría la sanción estipulada en el artículo 33, relativa a las injurias contra el titular del Ejecutivo, que va de 100 a mil pesos. Con la homologación, la multa pasaría a ser de entre 5 y 40 UMAs (103.74 pesos), es decir, hasta 4 mil 150 pesos.
Las sanciones también se extienden a las injurias contra funcionarios, gobernadores, figuras del Poder Judicial y a naciones amigas o a sus representantes.
De esta manera, así quedarían las multas por injurias:
Al presidente de la República: de 5 a 40 UMAs (519 a 4 mil 150 pesos).
Ministro de la SCJN, magistrado, juez, diputado, general o coronel: de 5 a 40 UMAs (519 a 4 mil 150 pesos).
A gobernadores, Jefatura de Gobierno de la CDMX, titular de FGR, secretarios de despacho y directores de departamentos federales: de 5 a 10 UMAs (519 a mil 37 pesos).
La iniciativa la presentó la morenista Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, quien también propuso reformar las multas contempladas en los artículos 10, 13, 15, 20 y 32.
Los artículos anteriores son relativos a la publicación de escritos o actas de acusación en un proceso criminal antes de que se dé cuenta con aquellos o éstas en audiencia pública; la omisión en el aviso de la apertura de una taller de imprenta o medio de publicidad; el poner en circulación cualquier impreso sin la debida identificación del impresor, domicilio y año de publicación; así como los ataques a la moral.
La legisladora Jocabeth Hernández argumentó que las anteriores sanciones “ya no funcionan porque da pie a cometer los delitos del artículo 3 que se refieren al orden público”, es decir, las expresiones que se hacen de manera “maliciosa” (según la misma ley) para injuriar a “ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país”.
La iniciativa pasará ahora por el Pleno de la Cámara de Diputados.
