Padres de familia piden a la Segey y al Gobierno de Yucatán que no distribuyan libros de texto inconstitucionales
Líderes empresariales, de asociaciones de padres de familia y de escuelas particulares exhortan al gobierno a utilizar los libros del ciclo anterior.
MÉRIDA, Yucatán.- Líderes empresariales, de asociaciones de padres de familia y de escuelas particulares exhortaron al gobierno federal y al gobierno de Yucatán a cumplir el mandato de la autoridad judicial sobre los nuevos libros de texto gratuito, que fueron elaborados en desacato a una orden judicial y sin apegarse a lo señalado por la Ley general de educación.
En consecuencia, solicitaron al gobierno del estado se apliquen los programas, planes educativos y libros vigentes que se elaboraron conforme a derecho para el ciclo escolar 2022-2023.
En conferencia de prensa, Beatriz Gómory Correa, presidenta de la Coparmex Mérida, recordó que la Unión de Padres interpuso un amparo porque considera que la autoridad no cumplió el debido proceso en la elaboración de los libros de texto que marca la ley nacional de educación.
Una juez otorgó la suspensión del acto reclamado contra la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para que detuviera la edición, impresión y entrega de libros hasta que se observaran los procedimientos legales para la determinación de los programas y planes de estudio garantizando la intervención de los gobiernos estatales y los especialistas en materia educativa, lo cual no ocurrió.
Gerardo Pineda Martínez, presidente del Comité Yucatán de la Unión de Padres de Familia y vicepresidente nacional de esa organización, dijo que al ser inconstitucionales los nuevos libros de texto no deben entregarse a los maestros y alumnos, y de acuerdo con el mandato judicial deben utilizarse los del ciclo anteriror.
Para ello pudiera hacerse un reparto virtual o físico o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a los alumnos al inicio del ciclo escolar 2023-2024, que en Yucatán comienza el lunes 28 de agosto.
En caso de que la entrega sea física, las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios ponderando el interés superior de la infancia y la adolescencia.
Por su parte, Elías Dájer Fadel, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, pidió que en las mesas de análisis de la Segey se convoquea todos los sectores sociales interesados e involucrados, que incluye no solo a maestros y expertos, sino también a la sociedad como claramente lo mencional la ley general de educación.
«Consideramos que eso debió haber sucedido y no sucedió en la elaboración de los libros de texto gratuito», lamentó.
Como hemos publicado, la Segey convocó a unas mesas de análisis que determinaron que se entreguen los libros de texto «comunistas», pero queda a criterio de los maestros si los utilizan o no. También queda a su decisión si se apoyan en otros materiales para la enseñanza.
En consecuencia, el Gobierno de Yucatán y la Segey caerán en desacato a un mandato judicial por distribuir entre los estudiantes y maestros los textos que una juez declaró inconstitucionales.
