Otra vez el magistrado Arcovedo es acusado de corrupción judicial

-Magistrados federales torcieron la ley a cambio de favores políticos. Uno de ellos, José Teodoro Arcovedo Montero, ya había sido investigado por corrupción y nepotismo.

-Arcovedo fue denunciado por haber facilitado el ingreso y la promoción de sus hijos Francisco, Paola y María Teresa Arcovedo Cervera, así como de sobrinos, exparejas sentimentales y otros familiares, aprovechando su posición como magistrado.

MÉRIDA, Yucatán.- Una vez más, el Poder Judicial Federal exhibe su podredumbre y servilismo. El pasado 11 de abril, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Cuarto Circuito, con sede en Yucatán, retiró sin justificación el proyecto de sentencia que otorgaba el amparo al ciudadano Jorge Eduardo Navarrete Pérez. Esta acción, lejos de ser una medida jurídica válida, obedeció a consigna directa del gobierno del Estado.

De acuerdo con fuentes internas, el proyecto que debía resolverse ese día amparaba de forma lisa y llana a Navarrete Pérez, quien enfrenta un proceso penal derivado de una denuncia por falsificación interpuesta por su prima hermana, Janette Navarrete Coronado. Sin embargo, las pruebas desahogadas durante el juicio (videos, peritajes y testimonios) acreditaron plenamente la autenticidad del poder y el pagaré que dieron origen a la denuncia, motivo por el cual fue absuelto en primera instancia.

Pese a ello, y sin sustento jurídico alguno, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán revocó esa absolución. El caso llegó al Tribunal Colegiado en Materia Penal, donde se elaboró un proyecto que restituía a Navarrete Pérez en su derecho y reconocía las graves irregularidades en su contra. No obstante, la presión política ejercida por el gobierno estatal, en complicidad con magistrados federales, cambió el rumbo del proceso.

El principal operador de esta maniobra es el magistrado José Teodoro Arcovedo Montero, quien desde hace años arrastra un historial de corrupción y nepotismo. Arcovedo habría condicionado su intervención a cambio de beneficios políticos, particularmente el respaldo a la candidatura de su colega Juan Ramón Rodríguez Minaya, quien aspira a una posición judicial electiva. A cambio del respaldo político, Rodríguez Minaya accedió a apoyar el cambio de resolución que negaría el amparo a Navarrete Pérez.

Junto con ellos, también participa el magistrado Juan Carlos Moreno López, quien, ante las amenazas y presiones de Arcovedo, se ha prestado a votar en el mismo sentido, completando así el trío que, sin escrúpulo alguno, torció la ley para beneficiar a intereses ajenos a la justicia.

Este acto de corrupción judicial no solo constituye una traición al pueblo de Yucatán, sino también una burla al principio de independencia judicial. La resolución original, basada en pruebas concretas, quedó sepultada por acuerdos oscuros, intereses personales y pactos políticos disfrazados de legalidad.

El descaro fue tal que la propia denunciante, Janette Navarrete Coronado, presumió en redes sociales y círculos cercanos que el amparo sería negado, incluso antes de que los magistrados votaran el asunto. Esto confirma que el resultado ya estaba cocinado, y que el proceso judicial solo sirvió como pantalla para justificar una decisión previamente tomada.

No es la primera vez que José Teodoro Arcovedo Montero se ve envuelto en este tipo de escándalos. En 2016, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, ordenó una investigación de oficio en su contra. La indagatoria se inició tras múltiples denuncias internas y externas que lo acusaban de nepotismo y tráfico de influencias al interior del Poder Judicial Federal.

NEPOTISMO JUDICIAL

Arcovedo fue señalado por haber facilitado el ingreso y la promoción de sus hijos Francisco, Paola y María Teresa Arcovedo Cervera, así como de sobrinos, exparejas sentimentales y otros familiares, aprovechando su posición como magistrado, sin que estos pasaran por exámenes de oposición ni procesos de selección públicos. En varios casos, estos familiares fueron ubicados en cargos de confianza con salarios elevados, sin experiencia ni preparación suficiente. Incluso se documentó que algunos de ellos ni siquiera residían en el estado donde estaban adscritos formalmente.

Aunque medios nacionales como El Universal y Reforma publicaron reportajes al respecto, así como organizaciones civiles exigieron su destitución, el expediente fue archivado sin mayor trámite. Esta omisión evidenció el encubrimiento institucional que prevalece en el sistema judicial mexicano, donde los magistrados son protegidos por sus redes de poder, y donde la rendición de cuentas es prácticamente inexistente.

El expediente disciplinario abierto bajo el folio SED/22294/2016 incluyó pruebas contundentes como actas de nacimiento, correos electrónicos y testimonios. Además, se documentaron constantes ausencias del magistrado en su lugar de trabajo, pese a estar adscrito al entonces Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Mérida. En aquella ocasión, el escándalo fue público, pero como ocurre con frecuencia, el caso se diluyó en la burocracia y Arcovedo salió ileso.

Hoy, casi una década después, Arcovedo regresa al centro de la polémica. Esta vez, no solo por favorecer a sus familiares, sino por intervenir directamente en procesos judiciales para proteger a aliados políticos. La operación se enmarca en una estrategia más amplia para asegurar lealtades dentro del Poder Judicial local y federal, particularmente ante el proceso de renovación de magistraturas en el estado.

La víctima de este atropello, Jorge Eduardo Navarrete Pérez, ha sufrido un viacrucis legal que comenzó en 2018. Desde entonces, ha sido objeto de múltiples irregularidades, a pesar de haber sido exonerado en juicio oral, donde todas las diligencias quedaron debidamente registradas en audio y video. Hoy, nuevamente, se le pretende imponer una condena sin pruebas, por el simple hecho de no contar con los “padrinos” adecuados.

Mientras tanto, los operadores del régimen se reparten el poder judicial como botín político. Lo que debería ser un tribunal autónomo e imparcial se ha convertido en una oficina de favores, donde las sentencias se escriben con pluma dictada desde el Poder.

La ciudadanía yucateca merece saber que la justicia en su estado no se imparte: se negocia. Y que el silencio de los magistrados ante este tipo de actos los convierte no solo en cómplices, sino también en piezas funcionales de un sistema podrido.